Para nosotros, los poderes públicos pueden y deben organizar e impartir enseñanzas que transmitan valores, derechos y deberes, que busquen la formación para la información y el conocimiento, la información para la opinión, y la opinión para la participación y el ejercicio de la crítica social.

Apoyamos la implantación de un área que enseñe y potencie los valores ciudadanos y su ejercicio práctico, y que fomente también la práctica misma de éstos en el aula, a través de la entrada de otros actores sociales, como los movimientos asociativos de diversa índole, especialmente los estudiantiles, los juveniles y los medioambientales.

En nuestra opinión, los contenidos de las asignaturas de educación para ciudadanía y los derechos humanos en nada colisionan con la moral privada de cada uno ni con el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, puesto que estamos hablando de unos contenidos cuyos objetivos principales son la formación democrática y cívica, el conocimiento de las principales normas e instituciones del derecho nacional e internacional, las relaciones sociales y entre personas, con contenidos sobre respeto al otro, dignidad o igualdad de género, el respeto, la tolerancia , la solidaridad, la cultura de la paz, el conocimiento de los servicios públicos y la educación para la participación entre otros.

Exigimos al Gobierno de España y a las diferentes Administraciones educativas que no cedan ante las presiones existentes por parte de ciertos sectores conservadores y de la jerarquía eclesiástica para que el área se imparta con normalidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación y a los reales Decretos que la desarrollan.

Por otro lado, pedimos al PP y a la Conferencia Episcopal responsabilidad ante el desarrollo de una norma legal que no busca el adoctrinamiento de nadie, sino la formación en valores democráticos en la propia escuela, entendiendo ésta como una escuela de ciudadanía. Exigimos que retiren las presiones a los padres y madres, a los y las estudiantes y a los centros para que se acojan a una presunta objeción de conciencia, que es inadmisible ya que la Constitución española no recoge en ningún caso la posibilidad de objeción para un asunto como este.